USCIS dijo que revisar las cuentas de redes sociales es necesario para “mejorar la verificación de identidad, la evaluación y los controles de seguridad nacional”. Los críticos dicen que aplasta la libertad de expresión
La propuesta del gobierno de Donald Trump de investigar los perfiles de redes sociales de inmigrantes con estatus legal en Estados Unidos que solicitan la residencia permanente (green card) ha sido condenada en los comentarios públicos iniciales por considerarla un ataque a la libertad de expresión
Actualmente, los solicitantes de visa que viven en el extranjero ya deben compartir sus nombres de usuario de redes sociales con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS). Sin embargo, la propuesta de Trump ampliaría esta política a quienes ya se encuentran legalmente en el país y están solicitando la residencia permanente o el asilo.
USCIS afirmó que revisar las cuentas de redes sociales es necesario para “mejorar la verificación de identidad, la evaluación y el screening de seguridad nacional”
La agencia agregó que la medida es necesaria para cumplir con una orden ejecutiva de Trump titulada “Proteger a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública”
“Tras revisar la información recopilada para decisiones de admisión y beneficios, el USCIS identificó la necesidad de recopilar los identificadores de redes sociales (‘handles’ o nombres de usuario) y los nombres de las plataformas asociadas de los solicitantes. El objetivo es permitir y ayudar a orientar la verificación de identidad, los controles de seguridad nacional y pública, la evaluación de antecedentes y las inspecciones relacionadas”, anunció la agencia el 5 de marzo
La administración del presidente Donald Trump ha propuesto revisar las cuentas de redes sociales de los inmigrantes que ya están legalmente en Estados Unidos y que solicitan tarjetas de residencia permanente o la ciudadanía. Los críticos han condenado el plan por considerarlo una “violación de la Primera Enmienda”. La polémica medida ha desatado un acalorado debate público
La agencia está recopilando comentarios del público sobre la propuesta hasta el 5 de mayo, y la gran mayoría de ellos hasta ahora se oponen rotundamente a la medida
“Así que Estados Unidos va camino al autoritarismo ahora”, dijo un comentarista anónimo. “Para esta administración, cualquier cosa que no le gusta está mal. La ideología pura significa destrucción total. Esto es una violación de la Primera Enmienda”
Grupos de derechos civiles han expresado su preocupación de que la propuesta de política afecte de forma desproporcionada a los críticos de Israel y de cómo la administración Trump ha manejado el conflicto. Esto ocurre tras la detención del residente permanente Mahmoud Khalil —un graduado de Columbia y organizador de protestas— a quien el gobierno de Trump etiquetó de “pro-Hamas”. Activistas temen que estas medidas vulneren derechos fundamentales.
La propuesta se presentó después de la detención de Mahmoud Khalil, un inmigrante con residencia permanente a quien la administración Trump catalogó como “pro-Hamas”, y de la deportación de Rasha Alawieh, una médica de la Universidad de Brown que tenía una visa H-1B. Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. inspeccionaron el teléfono de esta doctora y determinaron que ella seguía las enseñanzas religiosas del líder de Hezbolá, Hasán Nasrallah. También afirmaron que Alawieh “admitió abiertamente” haber asistido al funeral de Nasrallah mientras estaba en Líbano
La nueva propuesta surge en momentos en que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) está a punto de llegar a un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para permitir a los funcionarios usar datos confidenciales de impuestos a fin de confirmar los nombres y direcciones de personas que sospechan se encuentran ilegalmente en el país, según The Washington Post. De acuerdo con fuentes internas, el ICE podría proporcionar nombres de presuntos inmigrantes indocumentados al IRS para que la agencia los coteje con sus bases de datos confidenciales de contribuyentes. Este acuerdo ha “alarmado” a funcionarios veteranos del IRS, quienes temen que se corra el riesgo de abusar de una ley de privacidad pensada para armar casos penales, “no para aplicar sanciones penales”, reportó el diari
Además de llevar a cabo deportaciones masivas, la ofensiva migratoria del gobierno de Trump ha puesto en la mira a los titulares de green cards y visas en las últimas semanas. A principios de este mes, Fabian Schmidt, un ingeniero eléctrico alemán de 34 años que tenía una residencia permanente desde 2008, fue arrestado y detenido en el aeropuerto internacional Logan de Boston. Y una madre de Milwaukee, quien era residente permanente de EE.UU. y había vivido en el país desde que tenía ocho meses de edad, fue deportada a Laos —un país en el que nunca había estado— tras aceptar un acuerdo de culpabilidad por cargos relacionados con cannabis
